Unidad Pastoral Santa María de Olárizu
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Ante el 1º Mayo
COMUNICADO DE JOC Y HOAC ANTE EL UNO DE MAYO
El 1º de mayo ha sido históricamente un símbolo de la lucha del movimiento obrero por afirmar la dignidad de la persona en el trabajo. Las reivindicaciones del 1º de mayo se plantean en España, en un escenario con datos tan sangrantes como una cifra que supera los 6 millones de personas desempleadas, y una tasa de paro que entre los jóvenes se sitúa en torno al 55%. Más de 1,8 millones de hogares tienen a todos sus miembros en paro, la edad de jubilación se ha prolongado más allá de los 65 años, se está produciendo una media de 115 desahucios al día, personas jubiladas estafadas por las preferentes…
Este 1º de mayo está muy marcado por la última Reforma laboral aprobada en febrero de 2012. La mercantilización del trabajo y las políticas que se vienen practicando, están quebrando el Estado de Bienestar, devaluando el Sector Público y recortando en servicios y prestaciones Están profundizando la desigualdad estructural que sufre el mundo obrero y del trabajo, continúan debilitando las relaciones laborales sin garantizar la seguridad de una vida digna para las personas, y están aumentando la vulnerabilidad que sufren las mujeres y los hombres del trabajo, especialmente sus sectores más débiles.
Estas duras realidades están ocasionando terribles costes humanos: Miles de familias que viven con ansiedad e incertidumbre, afectadas en sus relaciones por situaciones de tensión, angustia, estrés, depresión.
Una juventud que se siente sin futuro, y que está emigrando fuera del país afectada por el desempleo de larga duración y por la incapacidad de lograr independencia económica debido a la inestabilidad laboral y los bajos salarios. Familias a las que les son arrebatadas sus viviendas porque ya no pueden pagar las hipotecas. Trabajadores de otros lugares que deben volver a sus países de origen por falta de salidas laborales y perspectiva de futuro…
Así lo constatamos desde las situaciones vitales de precariedad de nuestros militantes y las personas con las que entramos en contacto a través de nuestro trabajo y compromisos.
Cada día es más evidente que todo esto que nos está sucediendo es algo mucho más profundo que una crisis económica. Es todo el entramado institucional el que ha perdido toda credibilidad. Todo ha quedado como barrido por un tsunami de inmoralidad, por una profunda quiebra moral y ética, a la que no se ha prestado mucha atención hasta que mayoritariamente nos ha tocado el bolsillo, lo que es significativo para evaluar el problema que tenemos.
Nos enfrentamos a una crisis de humanidad, que afecta a la persona y a las relaciones sociales e institucionales, y que se materializa en las respuestas mercantilistas y no humanas que estamos dando a los grandes problemas que tenemos.
La sola recuperación de la economía no será suficiente para hacer efectivo el derecho al trabajo; más bien, lo que se está produciendo es una recuperación económica contra el trabajo, un empobrecimiento de la sociedad, el desarrollo de procesos de bajo costo en las relaciones de producción y consumo. El trabajo como derecho, en los términos y formas en que lo hemos conocido, no volverá, aun en el caso de que se produzca una recuperación económica.
Ya Juan Pablo II nos advertía en “Laborem Exercens” de la necesidad de la defensa de la dignidad del trabajo y su centralidad. Hoy este mensaje tiene una vigencia plena: “El trabajo humano es una clave, quizá la clave esencial, de toda la cuestión social”. “Los pobres (…) aparecen en muchos casos como resultado de la violación de la dignidad del trabajo humano: bien sea porque se limitan las posibilidades del trabajo, es decir por la plaga del desempleo, bien porque se desprecia el trabajo y los derechos que fluyen del mismo».
Se ha construido la economía de espaldas al trabajo y a las necesidades de las personas. Con los actuales niveles de desempleo, las personas nos vemos presionadas a trabajar bajo condiciones precarias, inseguras y con salarios indecentes. Y de la precariedad a la exclusión hay un margen muy pequeño.
Como movimientos cristianos en el mundo obrero y del trabajo, consideramos que a pesar de la situación caótica en la que nos encontramos, también se desarrolla el Plan de Dios. El Reino de Dios ya está en nosotros y entre nosotros: tenemos que vivir el Reino. O dicho de otro modo: para salir de la crisis en que nos encontramos, el camino consiste en vivir como ciudadanos del Reino de Dios.
Esto conlleva establecer relaciones de Comunión guiadas por la vivencia del Mandamiento Nuevo: un amor al prójimo que se fundamenta en el Amor de Dios (podemos amar porque Él nos amó primero). Vivir la comunión es la expresión del Reino de Dios en nuestras actividades cotidianas: Empresas, familias, Bancos, políticos y políticas, sindicatos, iniciativas de todo tipo…, que busquen comunión y que la construyan.
La comunión nos exige una transformación radical de nuestros modos de sentir, pensar y actuar. Esto es lo que necesitamos personalmente, como movimientos, en nuestra Iglesia y en nuestra sociedad.
Y para construir una sociedad humana es ineludible luchar por el derecho al trabajo y un trabajo decente, tal y como lo ha definido Benedicto XVI en ‘Caritas in veritate’.
La crisis nos llama no a salir de ella para volver a lo que teníamos, sino a construir un futuro nuevo, un mundo más justo y fraterno, un mundo que nos permita vivir como ciudadanos y ciudadanas del Reino de Dios.
Firmas contra los desahucios
Sistema sanitario e inmigrantes
La institución de la Iglesia defiende y reclama, de nuevo, el derecho a la salud
Cáritas: La nueva medida del Gobierno "desprotege aún más si cabe a las persona más vulnerables"
"Se trata del inicio de una dualización del sistema sanitario" y de "un discurso reduccionista"
La exclusión del sistema sanitario de las personas migrantes en situación irregular va a añadir un sufrimiento muy severo a un colectivo especialmente vulnerable
Cáritas insta al gobierno y partidos políticos a una reflexión profunda sobre las consecuencias de las decisiones tomadas sobre el derecho a la salud y las consecuencias sobre el mismo del "Real Decreto Ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones", aprobado en el Congreso de los Diputados.
Ante la propuesta de esta nueva medida queremos llamar la atención sobre:
Que estas decisiones estén siendo tomadas sin la debida reflexión que permita la evaluación del impacto sobre el sistema de garantías de derechos en el que se sustenta nuestra sociedad, ni de su repercusión sobre los ciudadanos más débiles a los que también el Estado debe garantizar sus derechos fundamentales, ya que afecta a un cambio de modelo que desprotege aún más si cabe a las persona más vulnerables.
Caritas quiere mostrar su honda preocupación por el impacto que va a tener en las personas a las que acompaña la aplicación de esta medida, sobre la que también se ha manifestado Caritas Europa y otras organizaciones en la declaración "El acceso a la asistencia sanitaria es un derecho humano básico".
Seguimos pensando, como ya dijimos, que supone un cambio de modelo que afecta fundamentalmente a las personas más desprotegidas, tanto a ciudadanos españoles como a ciudadanos comunitarios (modificando los requisitos para obtener autorización de residencia), aumentando la estigmatización de los colectivos más vulnerables y con mayor riesgo de exclusión social (como jóvenes desempleados, personas afectadas por enfermedades infecto-contagiosas, personas con discapacidad, enfermos de entornos rurales), así como de los ciudadanos extracomunitarios en situación irregular.
La exclusión del sistema sanitario de las personas migrantes en situación irregular va a añadir un sufrimiento muy severo a un colectivo especialmente vulnerable y muy presente en la acción diaria de Caritas, que no puede ser sacrificado con el argumento de la eficiencia. El incremento de la irregularidad sobrevenida por la falta de empleo y la dificultad en la renovación de autorizaciones o de acceso al arraigo hace que el colectivo de personas en esta situación crezca cada día.
En lugar de favorecer la articulación de una sociedad de acogida, integrada y diversa, estas medidas alimentan un discurso reduccionista y lleno de riesgos, según el cual las personas migrantes que conviven y forman parte de nuestras comunidades son los responsables del deterioro socioeconómico actual, en vez de considerarlas las primeras y principales víctimas del mismo, tal y como lo comprobamos a diario en nuestros servicios de acogida y atención.
Pensamos que se trata del inicio de una dualización del sistema sanitario, que supone ofrecer a los ciudadanos una cobertura distinta según el grupo de población al que se pertenezca. Y señalan que de manera no explícita se están sentando las bases para que surja un sistema estatal paralelo de beneficencia para las personas más vulnerables, una fórmula hacia la que Cáritas ha manifestado reiteradamente su rechazo al poner en cuestión la garantía del respeto a los derechos humanos y el acceso igualitario a los servicios de atención y asistencia socio-sanitaria en todo el territorio y para toda la población, además de poco realista en cuanto a la eficiencia y el ahorro.
Ante la crisis. Reflexión Comunidades Cristianas Populares
NO a las imposiciones de los gobiernos y a la dictadura de los mercados
Tras más de tres años de duras medidas de ajuste y recortes presupuestarios, de desregulación de las relaciones laborales en que los gobiernos de Madrid, Gasteiz e Iruñea se han limitado a poner a disposición del capital financiero las políticas y los recursos públicos supuestamente para salir de la crisis, la situación actual lejos de mejorar empeora cada vez más.
En efecto, la consecuencia de tales políticas están suponiendo un ataque y desmantelamiento del Estado de Bienestar, lo que conlleva el empeoramiento de las condiciones de vida y trabajo de la población en general (aumento del paro, la precariedad y la pobreza), pero sobre todo de los sectores más indefensos de nuestra sociedad.
Todo ello es fruto de una política neoliberal que pone al mercado como institución suprema y al máximo beneficio como valor primero, convirtiendo con ello a los seres humanos en mercancía, y reduciendo nuestros derechos al derecho de propiedad y de consumo. Por ejemplo, no se ha atacado el fraude y los paraísos fiscales ni se ha avanzado en una reforma fiscal más justa que posibilitase mayores recaudaciones para las arcas públicas. Por el contrario, se ha inyectado dinero público en bancos privados, los cuales una vez reflotados han seguido cerrando el grifo del crédito a la economía productiva y especulando a costa de la deuda pública. Ahora se habla del rescate del país imposibilitado de hacer frente a su deuda, deuda pública que ha aumentado enormemente como consecuencia de la ayuda prestada a la banca privada para tapar sus agujeros.
Ante esta situación de dictadura económica del capital, es necesario afirmar que sí hay alternativa, sí se puede construir un modelo donde la economía esté al servicio de las personas y no al servicio de los mercados. Un modelo basado en el reparto justo de la riqueza, en la creación de empleo de calidad, y en la subordinación de la economía financiera a la economía productiva y ambas a la esfera política. Pero para ello es necesario un cambio de rumbo que implique transformaciones estructurales, cambio de las conciencias, de los hábitos de vida y de las relaciones personales, bajo la guía y la prioridad de los valores de justicia y equidad.
En este sentido, aunque valoramos los gestos de solidaridad de muchas personas y el esfuerzo de tantas organizaciones a favor de la justicia y la dignidad de los más desfavorecidos, reconocemos también la sensación de desaliento y miedo de otras muchas cuando hacen afirmaciones como: “no se puede hacer nada; las huelgas no solucionan nada”. Particularmente grande es nuestra indignación y malestar ante el silencio vergonzante que vienen manteniendo la jerarquía de la Iglesia, en especial los obispos, también los vascos, tan locuaces ante otras cuestiones.
Por nuestra parte, como seguidores que pretendemos ser del espíritu y la práctica liberadora de Jesús de Nazaret, afirmamos la incompatibilidad entre Dios y el dinero. Expresamos nuestra solidaridad y exigimos apoyo para con las víctimas de la crisis. Como cristianos y cristianas que creemos y luchamos por la utopía de justicia e igualdad del reino de Dios, animamos a participar, en solidaridad con los movimientos sociales y populares de Euskal Herria y del Estado, en todas aquellas acciones que, como la huelga general del próximo miércoles día 26, supongan hacer frente al injusto sistema capitalista y a colaborar activamente en el proceso que nos conduzca a lograr que ‘Otro Mundo sea posible’.
Euskal Herria, septiembre de 2012
Comunidades Cristianas Populares de Euskal Herria
Coordinadora de Sacerdotes de Euskal Herria
Herria 2000 Eliza
